Las autoridades investigan un sofisticado esquema de fraude en el Seguro Nacional de Salud que habría operado por años. También fueron detenidos Rafael Martínez Hazim y el empresario Eduardo Read.
SANTO DOMINGO, D.N. – Las autoridades dominicanas asestaron un golpe este sábado en el marco de una extensa investigación anticorrupción, arrestando al exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, a su sobrino Rafael Martínez Hazim, y al empresario Eduardo Read.
Los arrestados permanecen recluidos en la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, mientras el Ministerio Público prepara y deposita la solicitud de medidas de coerción correspondientes. Los señalados acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para ser investigados y, tras el interrogatorio, quedaron bajo arresto.
El centro de la investigación es un presunto y sofisticado esquema de corrupción que habría operado dentro del Seguro Nacional de Salud por más de cuatro años, resultando en una estafa al Estado que ascendería a miles de millones de pesos.
El empresario Eduardo Read es propietario de Khersun S.R.L., una compañía perteneciente al Grupo Read que fue contratada por SeNaSa desde el año 2020 para ofrecer servicios de atención primaria dentro del régimen subsidiado, relación que está siendo revisada por las autoridades.
El Ministerio Público tiene en su poder dos informes cruciales que sustentan la investigación:
Informe de Sisalril y SeNaSa (Septiembre 2025): Entregado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Miguel Ceara Hatton) y el director actual de SeNaSa (Edward Guzmán), el cual contiene graves “hallazgos de irregularidades”.
Denuncia del Propio Exdirector (Noviembre 2024): El propio Santiago Hazim había denunciado previamente ante el Ministerio Público un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.
Se espera que en las próximas horas se defina el proceso legal contra los apresados, en un caso que busca llevar transparencia a una de las instituciones clave de la seguridad social en el país.
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